Sobre la moral, la pena y los delitos

Dilema Moral

Es el debate de los tiempos presentes: endurecer las penas e incrementar el control. Sacrificar libertades a cambio de seguridad. Otorgar, en suma, más poder a quien puede castigar aún a costa de renunciar a conquistas milenarias. Nunca funcionó y sabemos desde Cesare Beccaria (1738-1794) que es seguro que nunca funcionará, pero la verdad tiene escasa capacidad de competencia enfrentada al poder, al dinero o al albur de la circunstancia inmediata. Nadie piensa con prevención, orden y cordura cuando se siente apremiado por el presente:

“Las historias nos enseñan que debiendo ser las leyes pactos considerados de hombres libres, han sido pactos casuales de una necesidad pasajera; que debiendo ser dictadas por un apasionado examinador de la naturaleza humana, han sido instrumento de las pasiones de pocos”[1].

Legislar en caliente se llama hoy, eufemísticamente, a tal cosa cuando solo tiene un nombre coherente: insensatez.

Es tópico entre los más devotos partidarios del orden, la restricción y el castigo recurrir en sus explicaciones a la filosofía y la jurisprudencia anglosajonas a la hora de justificar sus posiciones. Al obrar así se pasa por encima del hecho de que tales modelos jurídicos son reflejo inmediato de la Ilustración. En todos ellos tiene gran importancia la jurisprudencia, están plagados de criterios utilitaristas y pragmáticos e, irónicamente, se esfuerzan en limitar el alcance y poder castigador del Estado. Cuando Benjamin Franklin (1706-1790), uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, afirmaba que quien sacrifica su libertad para obtener más seguridad no suele obtener ninguna de ambas cosas, pensaba justamente en esta cuestión. Porque la penalidad es el negativo de la libertad y es obvio que cuanto más poder se concede a un Estado –o a un particular- para castigar, más fácil es que incurra en la vulneración de los derechos más básicos y elementales[2]. Así, la defensa ilustrada de las libertades y los derechos individuales, que consagra la Constitución democrática más antigua del mundo –la de los Estados Unidos de América- permite la independencia y la libertad de los individuos y, por simpatía, de las comunidades, y motiva, entre otras cosas, que el peso de los asertos taxativos y cerrados en torno a la calidad ético-moral de sus sistema penal deban ser matizados: en aquel país, desde el mandato constitucional general, hay tantos códigos penales como Estados lo constituyen, lo cual motiva que muchos de ellos no tengan, por poner el caso, legislada la pena de muerte, o simplemente no la apliquen. Ello por no mencionar que asumen un sistema jurídico extremadamente garantista –y por ello mismo carísimo- en el que los derechos del acusado son fundamentales y absolutamente inviolables.

Tampoco resulta menos manipulatorio sostener, por principio, que quienes están contra la dura lex son “buenistas”, gentes “políticamente correctas” o meros partidarios de eso que la retórica ultraconservadora llama “optimismo antropológico”. Habitualmente, la defensa del extremista y el demagogo suele comenzar por el ataque –por fútil que resulte-. Para empezar, la ofensa puede ser efectista, pero nunca es un argumento y solo debilita a quien la practica en la medida que solo disfraza su incapacidad argumental. La condenada “corrección política” es cosa que va y viene. Tiene más que ver con el estado de una cuestión sociopolítica concreta que con cualquier forma coherente de racionalidad, y no es argumento de nada o para nada. De hecho, igual de políticamente correcto podría ser –y lo ha sido en determinado contexto- defender la amenaza, el maltrato y la tortura bajo el pretexto discutible de que una sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse de sus posibles enemigos pues, en realidad, nada tendría que temer quien nada hubiera hecho -uno de los argumentos favoritos de un tal Joseph Göbbels (1897-1945), por cierto-. Idea que solo puede sostenerse de manera convincente vendiendo la especie de que cualquier otra forma de pensar debe ser necesariamente irracional y absurda:

“Nada importaban el ingente número de leales judíos alemanes que había luchado con de denuedo –y perdido la vida en no pocos casos- durante la guerra ni el hecho de que hubiese en el país miles de judíos que no comulgaban con el comunismo ni con las izquierdas en general; para Hitler y sus seguidores resultaba mucho más fácil hacer de ellos el chivo expiatorio de los males de Alemania. […] Desde el principio sus partidarios [del Partido Nazi] aseguraron que el odio que profesaban a los judíos no provenía de un prejuicio ignorante, sino de un hecho científico”[3].

Defender los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales que consagran las constituciones democráticas de los Estados no es, como vemos, un “buenismo” ridículo, sino una cuestión de principio en la medida que la salvaguarda del derecho individual es siempre, y en todo caso, la protección de un bien colectivo. No tiene que ver con el posicionamiento moral particular de alguien en concreto, sino con la altura moral de una sociedad en su conjunto. No puede convertirse en motivo ofensa lo que es simple y llana educación ético-política, así como prevención contra la barbarie y la indecencia.

Uno de los más graves problemas históricos de las culturas de raíz judeocristiana es su hipertrofia moral, como ya denunciara Friedrich Nietzsche (1844-1900). De hecho, si el endurecimiento sistemático de las leyes por encima de la prevención y de la reinserción tiene el deber que argumentarse es, precisamente, como resultado directo de tal hipertrofia. Ello explica que durante las persecuciones de herejes del Medievo y el Renacimiento uno de los esfuerzos fundamentales de los órganos inquisitoriales fuera, precisamente, el de proveerse de buen material intelectual –médico, jurídico, teológico- desde el que justificar su aberrante conducta[4]. Por el contrario, para muchos pueblos de la antigüedad ajenos a tales exigencias teóricas este factum moral no suponía problema alguno. Era asumible o prescindible en función del caso, lo cual daba justificaba en su sentido último cualquier barbarie siempre que se cometiera sobre el sujeto adecuado. Hay quien llama a tales barbaries “moral natural”, cuando lo cierto es que se trata de expresiones de no-moral posibilitadas por el hecho de que el agresor está licitado para no ver a un igual en el agredido. Un hecho que fundamenta y posibilita prácticas milenarias como el supremacismo y la esclavitud. Si el progreso de la civilización es resultado de la aceptación colectiva de propuestas morales inalienables, la negación o anulación de la moralidad de todos y para todos –se argumente como se argumente- supone, de hecho, la erradicación de cualquier comportamiento civilizado en la misma medida que conversión de determinados sujetos, por cualquier razón, en meros objetos.

Ciertamente, Nietzsche erró en sus pronósticos en la medida que las consecuencias de su crítica nos retrotraen a estados amorales e incivilizados, pero no así en sus diagnósticos: la negación del mandato moral nos convierte en sociópatas, pero su hipertrofia nos conduce irremediablemente al moralismo. Y el moralista es, por definición, un individuo hipermoral, fanatizado y capaz –precisamente por ello- de cometer idénticos actos de brutalidad que el inmoral o el amoral. Si el amoral te aniquila porque te cosifica, y el inmoral te destruye arrastrado por su perversión emocional, el moralista te tritura porque te considera imperfecto, indigno y antisocial. La racionalidad, como bien explicó Immanuel Kant, tiene límites. No llega a todas partes ni alcanza a justificar cualquier posición a menos que se violen sus reglas interesadamente, incluso por encima de la propia conciencia. Hay hechos, como el del precepto moral universal, que no pueden someterse a cálculo científico y se deben aceptar como cuestión de principio. Como criterio para la acción.

“Si el hombre nada teme tanto como hallarse ante sus propios ojos en el examen interior de sí mismo, despreciable y repugnante, puede injertarse ahora toda una buena disposición moral de ánimo; porque ese es el mejor, el único vigilante para impedir que impulsos innobles y corrompidos penetren en el ánimo”[5].

La razón por sí misma no funciona en este ámbito. Hipertrofiada, pervertida, alterada, también puede justificar genocidios, asesinatos, torturas, vejaciones sin cuento. Con razones se contamina y con razones se limpia. La racionalidad, si es genuina y se atiene a reglas, no está de parte de nadie, ni sirve a nadie más allá de sí misma. No tiene un dueño fuera de sus límites ni es lícita su apropiación.

Jugar con los números

Llegados a este punto, amenazados por el temido monstruo del inmoralismo, el doctrinario, el autoritario, el extremista, empiezan a justificarse desde el consabido baile de cifras. Reiteraciones matemáticas mareantes. Estadísticas sin fin. Lo realmente sorprendente es que son precisamente esos mismos números, calcados a la milésima, los que emplearán discrecionalmente sus opositores para justificar sus alternativas. Algo hay aquí que no funciona. ¿Unos miran los números mal? ¿Y por qué razón peregrina hemos de suponer que los otros los miran bien? ¿No estarán indicando esos dígitos, tal vez, otra cosa cualquiera…? Quienes nos dedicamos a la investigación y la enseñanza de las Humanidades solemos ser plenamente conscientes de un hecho que a mucho obseso del guarismo y el cálculo se le escapa: que en los asuntos de lo humano todo dato numérico es indicativo e intencional, “apunta hacia” algo, pero jamás refleja una verdad cerrada por lo que se encuentra sometido a constante revisión. Precisamente por ello puede ser leído de tantas maneras dispares, diversas e incluso encontradas.

Se debe ser extremadamente cauteloso con los números y su uso debe ser orientativo, pero no prescriptivo: nunca hay una realidad social –o psicológica- obvia tras ellos y sí, por lo general, mucha interpretación ideológica. No son translúcidos. Asertos como: “la mitad de los ciudadanos creen…” deben leerse como: “la mitad de la cantidad limitada de ciudadanos a los que se ha preguntado opinan…”. Y luego vendrá la interpretación particular de los motivos por los que se estima que ese colectivo específico –no toda la sociedad- opina tal cosa.

Ciertamente, este es el más grave problema metodológico que deben enfrentar las Humanidades: tras miles de horas de trabajo teórico, recolección de datos y reflexión, siempre han de enfrentarse al vértigo del salto a lo real. En efecto, Jorge Luis Borges (1899-1986), hombre indiscutiblemente perspicaz, advirtió este hecho a la perfección cuando dijo que la realidad solía ser muy poco interesante comparada con cualquier hipótesis acerca de ella, por la simple razón de que una hipótesis tiene la obligación de resultar, cuando menos, “interesante”. Por eso se avanza tan lentamente en la comprensión de los fenómenos de lo humano: las personas no son piedras. No comen con aceleración constante, no duermen según la ley de Boyle-Mariotte y, en general, no viven sus vidas particulares de acuerdo a los principios de la termodinámica. La Humanidad no cabe en una ecuación y, en la mayor parte de los casos, quienes pretenden atraparla en simples números no hacen otra cosa que jugar al reduccionismo.

Se nos dice, por ejemplo: en las cárceles de tal nación hay tantos presos, más que hace no sé cuánto tiempo y suponen, en proyección, un X% menos de los que habrá dentro de diez años. Siempre, más allá de la mera noticia, cabe preguntarse cómo se nos cuenta tal cosa y qué se nos quiere decir con ella. Un eminente sociólogo como Edwin Sutherland (1833-1950) llegó a conclusiones más operativas sin dar tantos rodeos: ni todos los que están en las cárceles son delincuentes, ni todos los delincuentes están en las cárceles… de hecho, hay delincuentes terribles -especuladores, asesinos medioambientales, arruinadores de naciones enteras, genocidas y otras hierbas-, peores que los peores de muchas prisiones que no han visto ni verán una celda en toda su vida y que, en muchos casos, cuentan incluso con una elevada consideración social. ¿Hay estadísticas de eso? Las prisiones, en toda época y lugar, han sido siempre alimentadas mayoritariamente por los estratos más bajos de la escala social para cuyas costumbres –más o menos dolosas para la opinión de los grupos hegemónicos- el cuerpo social diseña la mayor parte de los delitos y las penas –Foucault dixit-. Parecería que la sociedad no solo tolera el maltrato al reo, sino que por su propia dinámica lo exige.

Se trata de una evidencia histórica que no necesita de mayor justificación pues se descubre simplemente leyendo: salvo casos de la más rotunda excepcionalidad, no hay –ni ha habido- ricos en ningún corredor de la muerte o sala de torturas del mundo. Los códigos penales de los países avanzados tienden a ser durísimos con cierta clase de tipos delictivos que concitan el interés voluble de la opinión pública y, sin embargo, extremadamente garantistas con los delincuentes de cuello blanco, cuyas actividades tienen consecuencias devastadoras, pero difusas. Parece que cuando la víctima es identificable por la acción directa de su victimario y tiene nombre y apellidos, es más víctima. Es más adaptativo en términos biológicos  y psicológicos simpatizar con el sujeto que compadecer al grupo.

Se nos cuenta, por ejemplo, que en cierta época y en ciertos lugares se derogó la pena capital y automáticamente la cantidad de delitos ascendió. Así de simple. Tanto número para terminar siendo tan intelectualmente ramplón y terminar, por cierto, burlándose de la estadística. No es solo que se trate de una afirmación demostrablemente falaz, es que además, en el caso en concreto que pudiera acercarse a una certeza, siempre cabría preguntarse cosas interesantes: ese aumento o disminución de las tasas criminales, ¿depende solo de cuán dura sea la pena que se impone? ¿No influyen otros factores? ¿Los hechos sociales son unívocos, unidireccionales, y pueden ser explicados fuera del órgano en el que se insertan? ¿Para eso tanto dato? Desde luego, Emile Durkheim (1858-1917) se moriría de la risa ante tanta banalidad. No se dice con todo esto que la estadística sea aporte inútil o arma innecesaria y que, por tanto, no deba realizarse o tenerse presente. Sólo un imbécil redomado sostendría tal cosa sin ponerse colorado. Lo que se dice es que orienta y ayuda, pero solo ilustra y nada explica por sí misma. Que la pasión del presente por buscar regularidades universales y tendencias en procelosos mares de datos es poco menos que una moda pasajera a la que más pronto o más tarde se reconocerá como instrumento de apoyo, pero de “verdad” anecdótica. Porque el problema de la calculadora no reside en lo que ella “hace” con los números, sino en los números que le introduce “quien” la emplea[6].

En el fondo argumental de las posiciones partidarias a la limitación de derechos, el endurecimiento de penas, la aplicación de castigos cada vez más severos y etcétera, siempre late una idea que opera en su fondo como correa de transmisión. A saber, que esa postura nos hace “más civilizados” en la medida que, de algún modo, nos acerca al sufrimiento de esa víctima con nombre y apellidos. Nos sintoniza con su desgracia. Nos coloca en la siempre agradable posición de la defensa del individuo y, a través suyo, en su nombre y por simpatía, del cuerpo social en su conjunto. Nos aligera la conciencia. Nos permite cabalgar sobre la cresta de la ola de un malentendido altruismo. Y esa es precisamente una tentación a la que no se debiera sucumbir en tanto que prejuicio sentimental que poco o nada tiene que ver con la justicia en sí misma.

La metáfora del asesino

Hace varios años entré en una librería de viejo –esas que solemos recorrer los buscadores de rarezas- y un libro me encontró. Todavía lo conservo. Se trata de un texto autobiográfico escrito por un pastor metodista que fue capellán de varias prisiones en los Estados Unidos, especialmente en la célebre cárcel de San Quintín, lugar en el que hace años funcionaba una maravillosa cámara de gas que hoy es pieza de museo que se muestra a curiosos, amigos de lo macabro, nostálgicos del Medievo y sadomasoquistas en general[7]. El hecho es que, en calidad de capellán, este buen hombre asistió a muchas ejecuciones y compartió con muchos presos sus vidas en el corredor de la muerte.

Como es de suponer, el texto estaba repleto de la tópica verborrea cristiana al uso y de análisis no menos fastidiosos y extensos de la situación espiritual de los condenados durante las diferentes fases del proceso. Pero hacia el final incluía una interesante reflexión: Imagínense –decía su autor- que un asesino sádico ciertamente especial y terrible secuestrara a una persona, la encerrara en una habitación y le dijera algo como:

-Te voy a matar, pero no sé bien cuándo. Tal vez mañana, tal vez dentro de una semana o tal vez dentro de un año. Pero te aseguro que, pase el tiempo que pase, sólo saldrás de aquí muerto. Y lo voy a hacer por tal y tal motivo.

En efecto, este peculiar asesino se encargaría de alimentar a su prisionero, de mantenerlo limpio y vestido, de sacarlo a pasear al patio trasero de la casa de vez en cuando… Hasta que pensara que había llegado el momento de darle muerte. El prisionero incluso engordaría, estaría con buena salud y llegaría a intercambiar confidencias con él. Hasta que un día cualquiera entrara en la celda y le dijese:

-La semana que viene, a tal día, a tal hora, morirás.

¿Qué pensaría usted de un asesino como ese?

Bien, imagine ahora que ese criminal tan perverso se llama Estado. Que ese sujeto somos todos nosotros, erigidos en un organismo meta-humano que ya no tiene cara, cuerpo, familia, trabajo o nombre, pero que hace exactamente eso mismo con perfecta meticulosidad, presteza y eficiencia. Piénselo bien y advertirá el hecho central que nadie quiere reconocer cuando defiende este tipo de posturas, pero que inevitablemente late en el fondo de ellas. En efecto. Son posibles, pueden existir y ser defendidas alegremente porque implican necesariamente la despersonalización. No es un “yo” quien mata, castiga o tortura, sino “el Estado”. Un “todos”. Esa forma de pensar cínica y tremenda es precisamente la que sirvió a Luis García Berlanga para construir una de sus más memorables y críticas películas: El Verdugo… Este trabajo, el de verdugo, es necesario para el buen orden social, pero que lo haga otro…[8] ¿Paradoja? Porque esta es precisamente la primera cuestión que conviene hacerse: ¿Estaría usted dispuesto a ejercer como verdugo? Dejémonos de argucias intelectuales y vayamos a lo concreto, a lo terriblemente real, entero y verdadero. Es una cuestión, posiblemente, fácil de responder sentado frente a un teclado, rodeado de libros, con nuestro disco favorito sonando al fondo, un cafecito y gesto intelectual. Pero aquí no se trata de hablar, se trata de hacer. Se trata de que todos nos pongamos de acuerdo para matar a una persona. ¿Eso pretende defenderse como “civilizado”?

Si no tenemos un trasfondo personal tenebroso, y quiero decir con ello que no mostramos tendencia a alegrarnos de los males ajenos -hay gente que, desde la imbecilidad moral más básica, confunde términos y supone que defender determinada causa debe terminar necesariamente con el maltrato de quienes se oponen a ella-, entenderemos que las razones por las que la gente comete delitos son múltiples y variopintas. Hay gente que roba porque lo necesita y gente que lo hace porque es más fácil que trabajar. Hay gente que roba porque es lo único que sabe hacer y gente que lo hace porque no quiere hacer otra cosa. Incluso hay quien roba tonterías como respuesta a un trastorno psicológico. Erradiquemos de buena vez la simpleza que impera en el discurso social a la hora de enjuiciar a los demás. Hay personas que matan porque les gusta, otras se confunden, algunas pierden momentáneamente la razón, en algunos casos no ven más salida que el asesinato, a veces no tienen otra opción, del mismo modo que hay quien mata para defenderse y quien mata por accidente. La experiencia profesional me dice que “los buenos” pueden matar exactamente igual que “los malos”. Que solo basta con someter al individuo a determinadas circunstancias y presiones. Hay sujetos que matan por sistema y sujetos que matan sólo una vez. Los hay que tienen arreglo y los hay que no cambiarían aunque naciesen dos veces. Y aquí es donde se presenta el partidario de la dura lex –que ante todo quiere seguir pareciendo una persona respetable y moral- y nos dice: “es que las penas, por duras que sean, deben ser aplicadas racional y razonablemente”. ¿Cómo de razonablemente? ¿Mediante qué principios indiscutibles, inalterables y carentes de excepción? Usted quiere mecanizar y legalizar la barbarie homogeneizando situaciones completamente heterogéneas. ¿Y eso se defiende como “civilizado”?

El problema de los límites

Nuestros modelos jurídicos son limitados en lo referente a su capacidad de esclarecer las causas últimas de los delitos, así como para argumentar racionalmente algunas de las sentencias que emite y que, sin embargo, están ajustadas a derecho. De hecho, no existe ni ha existido en el mundo un solo sistema de justicia perfecto en este sentido. Ni existirá. Da igual cuántas precauciones apliquen los legisladores al mismo y cuánto cuidado pongan sus actores. Ello es resultado de evidencias tan claras que sólo los obtusos o los extremistas se niegan a ver: 1) lo moral y lo ético no son lo mismo; y 2) las leyes tienen texto, pero también espíritu.

La justicia sólo juzga a las personas por la calidad de sus acciones –eticidad-, pero nunca por los principios psicológicos que las motivan –moralidad-. Los actos se ven. Son claros y concisos. Los principios se deducen, se imaginan, se estiman. La tragedia de todo esto es que un individuo puede cometer actos terribles con las mejores intenciones, y viceversa. Y ante un tribunal no vale lo que se estima como cierto desde la convicción, sino en todo caso lo que se puede probar de acuerdo a derecho. Por ello encogerse en rincón haciendo pucheros y argumentando que “la ley no es justa” es equivalente a decir que “el agua moja”. La dañina creencia en el “mundo justo” es cosa tan infantil y cuasi religiosa que provoca profunda fascinación. Pero es que debe ser así. No es una casualidad arbitraria la que exige que la justicia opere de tal modo. Condenar o liberar por convicción nos conduce irremediablemente a los tiempos de la caza de brujas, en los que todos estaban “convencidos” de que las brujas existían. Condenar o liberar por convicción es condenar arbitrariamente, porque cualquiera puede estar perfectamente convencido de cualquier cosa, sea cierta o no. Idéntico argumento es aplicable a la tortura, y por ello las leyes de las naciones avanzadas, así como el derecho internacional, la proscriben y persiguen: bajo condiciones de tortura cualquier persona puede confesarse autora –por acción, omisión o complicidad- de cualquier disparate[9].

Dado que el sofisma es una plaga común de los tiempos presentes, cada vez es más fácil encontrarse que uno de los asertos más socorridos del partidario de la pena de muerte, del endurecimiento de las penas, de la no reinserción, del castigo mondo y lirondo, cuando es enfrentado consigo mismo -no olvidemos que estamos ante personas que viven necesariamente en la contradicción permanente de defender la vida, la dignidad y el derecho negando, a su vez, la vida, la dignidad y el derecho de determinados individuos o colectivos- es el que apela directamente a una pretendida falta de moralidad en quien se le opone: ¿Y qué hay de las víctimas? ¿Es que acaso las víctimas no tienen derechos? ¿Es que el criminal debe ser protegido entretanto las víctimas han de soportar estoicamente sus abusos? Debo decir que, por lo común, me sorprende que personas adultas y a menudo bien formadas tengan tan escasa flexibilidad mental y sean tan profundamente infantiles en sus juicios.

Resulta que en la misma medida que se intenta defender los Derechos Humanos, la dignidad, la justicia y el respecto de todos y para todos –empezando por el Estado, que debe dar ejemplo en el cumplimiento escrupuloso de las leyes que él mismo promulga y en las que se sostiene-, somos necesariamente culpable de algo. De una especie de crimen terrible y oscuro que nos convierte en monstruos. El defensor selectivo, ergo inmoral, de los castigos y de las torturas nos acusa de inmoralidad. ¿Se puede ser más cínico? ¿Esto es maldad o simple estupidez? ¿Se olvida que torturar, castigar, penalizar, robar, violar, agredir o matar es discrecional e impredecible? Cualquiera puede hacerlo. Ahora o mañana. Por un motivo u otro y nadie puede impedirlo. Siempre habrá quien delinca por cualquier motivo y, por tanto, siempre habrá quien deba convertirse en inopinada víctima. Nadie es responsable de esto excepto el criminal cuando se demuestra que lo es –por ello se le detiene y se le juzga de acuerdo a derecho-. Nadie puede culpabilizarnos de que el crimen, cualquiera que sea su modalidad, exista. Nadie puede decirme sin sonrojarse que defender el cumplimiento de la ley me iguala a quienes la transgreden.

Yo no estoy de parte más que de la defensa de la vida humana, de la justicia, del derecho, de la dignidad de la persona… Porque una sociedad que no respeta los derechos de sus culpables, de sus acusados, de sus condenados, es, sépanlo, una sociedad tiránica, deshumanizada y perdida que no respetará los derechos de nadie en absoluto.

“Bajo Stalin, la Unión Soviética había evolucionado, lentamente y de forma titubeante, de un estado marxista revolucionario a un enorme imperio plurinacional con un barniz de ideología marxista y continuamente preocupado por la seguridad de sus fronteras y por las minorías. Debido a que Stalin heredó, mantuvo y dirigió el aparato de seguridad de los años revolucionarios, estas preocupaciones derivaron en estallidos de matanzas nacionales […], y en episodios de deportaciones nacionales que empezaron en 1930 y prosiguieron durante toda la vida de Stalin”[10].

Ocurre, por lo demás, que extremar la dureza de las condenas e incrementar exponencialmente las penas cada vez que se presenta un caso sonado –los motivos y procesos por los que unos crímenes se hacen “famosos” entre la opinión pública y otros se ignoran por completo es un misterio que nadie ha sido capaz de descifrar del todo-, no ayuda en modo alguno a paliar el dolor de la víctima. Otro de los graves déficits de la justicia reside en el hecho de que no puede restituir en modo alguno los males causados. Si alguien incapacita de por vida a otra persona por causa de accidente, puede ser denunciado y castigado por su imprudencia, hecho que proporcionará una ventaja moral a la víctima, pero ello no restituirá su integridad física o psíquica. El dolor permanecerá a menos que se aprenda a convivir con él. Nada lo cubre y nada lo tapa. El mal recibido nunca es restituido o reintegrado de suerte simétrica a quien nos lo procura y, en cualquier caso, sería dudoso creer que ello fuera justo. El resentimiento de quien es objeto y objetivo del crimen es algo natural. De hecho humano y, por tanto, perfectamente comprensible. Pero la razonable sed de justicia no debe confundirse con el arrebato de odio o el simple deseo de venganza que, realmente, no conducen a nada y tampoco anulan o palian el dolor del victimizado. El más terrible de los castigos contra el agresor, la permanente y lícita exigencia de perdón y respeto, no borran ni la agresión recibida ni sus secuelas. La solución a esas cuestiones íntimas no reside ni tan siquiera centralmente en el derecho. Se encuentra en otra parte. El hecho que nadie parece querer comprender es el siguiente: el problema que la víctima plantea a la sociedad es diferente del que le plantea el victimario y, en consecuencia, ambas cuestiones han de abordarse de forma independiente.

Contrariamente a lo que el común de los mortales cree, la justicia moderna no está hecha para castigar a los culpables, sino para proteger a los inocentes. Y debe ser así porque cualquier otra cosa degeneraría en un estado reduccionista, policial, infame y peligroso. Ya ha sucedido. No respetar arbitrariamente los derechos de determinados colectivos es abrir la puerta a un sutil riesgo: el de que mañana alguien decida que nadie –o solo unos pocos- tienen cierta clase de derechos. Es evidente que las garantías que se imponen para proteger al inocente permiten a algunos culpables zafarse del abrazo de la ley, pero este es un problema que hemos de asumir si queremos evitar males mayores. Las garantías son imprescindibles para proteger a quien es acusado injusta o erróneamente. ¿Es preferible que se detenga a cualquiera, con cualquier pretexto y se le torture hasta la muerte por miedo a que sea culpable? ¿Esto es lo civilizado?

Es preferible un sistema judicial garantista que se esfuerza por seleccionar y extraer las manzanas podridas del cesto de las sanas, que aquel que piensa por principio que todas las manzanas están podridas. La justicia y la aplicación de las penas no pueden ser retributivas porque ello las conduciría al absurdo. Y si la justicia no puede operar desde la retribución, tiene que buscar el espíritu de la reinserción, pues algo tiene que hacer para afrontar el problema del delito de modo constructivo, operativo, eficaz.

El problema de los modelos penitenciarios actuales es que, más allá del mandato constitucional en el que basan, han evacuado de su seno la pedagogía por diversas razones. La principal son los costes. El actual modelo jurídico-penitenciario, oscuro y poco ilustrativo, nada amigo de ofrecer explicaciones, y ciertamente limitado en sus capacidades, ha motivado un crecimiento exponencial de sus detractores y críticos, cosa que conduce al populismo: aumento de los partidarios de las medidas extremas, los castigos, el endurecimiento de las penas e incluso, en la exigencia de la pena de muerte como medida pretendidamente ejemplarizante. De nada sirve que se viva en un país básicamente seguro, o que las cifras de la criminalidad sean razonables para el volumen creciente del cuerpo social. Ello no sirve frente a los enemigos de las libertades que se agazapan en todas partes. El hecho es que hoy la ciencia cuenta con medios eficaces en lo relativo a la prevención y corrección de las conductas delictivas, pero no solo ocurre que no se publicitan en un silenciamiento manifiestamente sospechoso, es que el contribuyente tampoco quiere invertir en recursos para las prisiones, ni en programas de reinserción, ni en terapias, ni en cosa alguna que pueda sonar a conceder a los reos –que ante todo deben ser castigados por sus iniquidades- alguna suerte de ventaja que pueda, remotamente, incomodarnos frente a la víctima.

Seamos sinceros: Los contribuyentes prefieren que sus dineros se gasten en otras cosas, ignorando que una buena política de reinserción contribuiría más a su propio beneficio que una buena carretera. Así es el abrazo del autoritarismo. Ciego, irracional e implacable. Y con total independencia de las tasas de reincidencia –esa cifra que irónicamente no suele servir a quien tanto se sirve de ella, y por ello nunca se ofrece al gran público- homogeneizamos casos y cosas. Dado que no contamos con los medios para hacer obrar de otro modo -ni pensamos arbitrarlos-, institucionalizamos al convicto y a otra cosa.

No es caso de convencer a alguien de algo tan ridículo como que todos los condenados/as, con total independencia del delito que hayan cometido, son salvables “almas de Dios”. Pero una mayoría sí. ¿Qué hacer con el resto? Pues precisamente lo mejor que podemos hacer: Investigar, estudiar, comprender sus motivaciones y prevenir a los que vendrán… Porque vendrán. Hoy la ciencia está en disposición de ello como no lo ha estado nunca antes en el pasado, precisamente porque hemos ido desprendiéndonos, no sin esfuerzos, de buena parte de los prejuicios pseudocientíficos que la inundaban respecto de la consideración del crimen. Precisamente, el argumento invalidatorio más importante para los partidarios del endurecimiento extremo de las penas como medida coercitiva eficiente reside en la ignorancia de que el crimen, en tanto que fenómeno psicosocial, va mucho más allá lo meramente policial, jurídico o penitenciario y se relaciona, de suerte intrínseca, con variables ajenas a la redacción, aprobación y cumplimiento de las leyes.

Panoptico


[1] Beccaria, C. (1993). De los delitos y de las penas. Madrid: Alianza, pp, 25-26.

[2] John Locke (1632-1704) o Jeremy Bentham (1748-1832), por ejemplo, referencias comunes en este contexto, no eran partidarios de la acumulación de poder, la justicia vengativa, los castigos excesivos o la represión sistémica, cosas que consideraban contrarias al buen orden y al gobierno democrático en tanto que enemigos directos del valor del individuo: “La teoría del castigo de Locke es liberal porque se funda en ciertos principios y valores individualistas. En efecto, una teoría del castigo que no tome en serio el valor del individuo difícilmente podría entenderse como una teoría lockeana del castigo. […] La sugerencia de que el individuo debe mantener su derecho a efectuar/actualizar su derecho a amenazar a otros y, en consecuencia, mantener su derecho natural a castigar en el contexto de una comunidad política, es algo que ninguna propuesta genuinamente lockeana podría defender” [Donoso, A. (2012). Hacia una teoría liberal del castigo: Locke, propiedad e individualismo. Revista de Ciencia Política (Santiago), 32, 2, 433-448].

[3] Rees, L. (2007). Auschwitz. Los Nazis y la “solución final”. Barcelona: Crítica, p. 36.

[4] López-Muñoz, F. & Pérez-Fernández, F. (2017). El Vuelo de Clavileño. Brujas, pócimas, fármacos, médicos e inquisidores a través de la literatura cervantina. Madrid: Delta Publicaciones.

[5] Kant, I. (1995). Crítica de la razón práctica. Barcelona: Círculo de Lectores.

[6] Véase, por ejemplo: El gran problema del big data: las mentiras de los consumidores y la información falsa. PuroMarketing.com [visitado en mayo de 2018].

[7] Eshellman, B.E. & Riley, F. (1963). Pabellón de la muerte. Día de ejecución. Barcelona, Madrid: Dux, Ediciones y Publicaciones.

[8] Sueiro, D. (1974). La pena de muerte. Ceremonial, historia, procedimientos. Madrid: Alianza.

[9] Tomás y Valiente, F. (1973). La tortura en España. Estudios históricos. Barcelona: Ariel.

[10] Snyder, T. (2011). Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin. Barcelona: Galaxia Guttenberg, pp. 389-390.

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