La importancia de prevenir

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Fuente: Meditips.com

La igualdad, la transversalidad, la prevención y la intervención en los ámbitos de la violencia y el delito se han convertido en materias de importancia insoslayable. Especialmente porque son temas que se encuentran en relación directa con otros que una sociedad libre y democrática que pretende solventar con éxito sus retos y avanzar hacia un futuro mejor no puede tolerar o asumir: la erradicación del abuso, combatir el empleo de la fuerza como modelo básico de relación, garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos y trabajar en la prevención de las situaciones de riesgo. Una lucha que, por supuesto, ha de guiarse por el principio elemental de la promoción y articulación de la convivencia pacífica. Las conductas relacionadas con la violencia, los abusos, el acoso, el maltrato y las humillaciones –sea cual fueren los motivos que las movilizan- no son ni pueden ser, por tanto y sea cual fuere su contexto, asuntos privados o colaterales que podamos permitirnos el lujo de ignorar. Son agresiones directas contra el espíritu mismo del cuerpo social que horadan sus cimientos, que contaminan sibilinamente el sustrato cultural y que, con el paso del tiempo, si no se actúa en consecuencia, se acaban normalizando. De ahí la importancia de una prevención eficiente y de una intervención decidida.

Contrariamente a lo que mucha gente cree, en este asunto no está en juego únicamente la defensa de la mujer, del niño, del anciano, del “buen ciudadano”, de la propiedad o la batalla por un puñado de derechos que afectarían tan solo a una parte más o menos “respetable” de la población, sino la defensa de la libertad, de la autonomía y de la dignidad personales en sí mismas y con total independencia de quien las encarne en un momento dado. Los derechos no son bienes negociables y no deberían forma parte del debate político o estar sometidos a querencias, albures y pachangas ideológicas.

Castigar no funciona

El enfoque tradicional –y muy cuestionado de un tiempo a esta parte- en el ámbito de la violencia en particular, o del delito en general, ha sido el de abordar las consecuencias antes que atacar las causas lo cual, en realidad, supone ir a remolque del problema en sí. Sancionar es preciso porque la maldad, adopte la forma que adopte, ha de conllevar consecuencias y requiere de la repulsa decidida del cuerpo social, pero no ha de olvidarse que el castigo resulta insuficiente por sí mismo a la par que es ineficaz como terapia. Castigar no palía el daño recibido, no evita futuros daños y tampoco, por cierto, enseña cosa alguna a quien daña. Sin embargo, y junto con la creciente demanda de políticas tutelares, protectoras e integradoras para con las víctimas, nunca se han terminado de afrontar de manera precisa ni a los agresores, ni los factores de riesgo que operan como desencadenantes de sus agresiones. La mera idea de que “el malo” simplemente “es malo” y no puede ser en caso alguno rehabilitado o prevenido es torpe, acientífica, antidemocrática, indemostrable, falsa, conduce a la inacción y, por todo ello, se antoja como bastante poco práctica.

El hecho es que las políticas reactivas, sea cual fuere su forma, van siempre a la zaga de los problemas que tratan de afrontar y raramente son tan funcionales como pretenden sus defensores. A menudo comento que los robos, asaltos, violaciones, asesinatos, maltratos y etcétera no son un tema de nuestro tiempo ni una novedad histórica –se diga lo que se diga por ahí-, pero solo en las sociedades avanzadas y de derecho efectivo en las que se ha dejado de aplicar toda suerte de estrategias brutales y represivas al respecto, se ha conseguido reducir su número por habitante e impacto general. Es un hecho documentado hasta el hartazgo. La tasa de delitos por habitante en Europa Occidental, con sus políticas calificadas por algún que otro indocumentado de “blandas”, es infinitamente más baja que la que podemos encontrar en los países asiáticos, americanos o africanos, en los que la solución general al problema del criminal –que no del crimen- suele ser el trastazo y tentetieso.

Por otra parte, ir permanentemente “a la zaga de los malos” degenera en un planteamiento asimétrico de la cuestión que, por supuesto, deja sin respuesta lagunas que en determinadas situaciones conducen los esfuerzos destinados a la prevención, las intervenciones y los intentos de rehabilitación a la disfuncionalidad. Pensemos en un ejemplo de manual: el momento de mayor riesgo para la vida de la mujer maltratada –y a menudo para la de sus hijos- es precisamente el de la separación final del maltratador. Paradójicamente, hemos convencido con bastante eficiencia a estas mujeres de que han de ser conscientes de su situación para alejarse de sus torturadores, pero también hemos fracasado de manera estrepitosa a la hora de garantizar que esa separación suponga por sí misma el final de la violencia. Más aún: disponer toda suerte de recursos a favor de estas mujeres y endurecer paulatinamente las condenas destinadas hacia sus agresores, no ha reducido en demasía la incidencia de este tipo delictivo ni ha impedido que, precisamente, sea el momento del final de la relación en el que muchos agresores se lancen por la pendiente del homicidio. ¿Por qué? Precisamente por no abordar adecuadamente el problema de la prevención amparándonos en argumentos políticos y económicos, arraigados a menudo en burdos pretextos de tradición cultural, de muy dudosa calidad.

La mitología del coste-beneficio

En un momento como el presente, de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales, en el que comienzan a aparecer especialistas y legos que cuestionan sin cesar la eficacia de los postulados centrales de la teoría social clásica, o que predican sin cesar la necesidad de replantearse los aspectos centrales de las políticas criminal y social promovidas desde los discursos “oficialistas”, cabe indicar que ni es tan obvio que el grueso de la teoría social posterior a la Segunda Guerra Mundial haya fracasado, ni parece tan lógica en consecuencia la pretensión de arrumbar, o al menos cuestionar en su conjunto, las premisas de las políticas criminales y sociales contemporáneas. El problema es que a menudo resulta que más que inoperantes parecen molestas y fastidiosas… bien porque resultan caras, bien porque simplemente son impopulares entre los sectores más conservadores y tradicionalistas de la sociedad. Sectores a los que habría que recordar algo de lo más elemental: que algo sea tradicional no lo hace mejor o peor en sí mismo; simplemente lo hace “tradicional”.

No obstante, las estadísticas disponibles parecen validar la eficiencia de muchas de estas políticas criminales supuestamente “perversas”. Sobre todo si tenemos en cuenta que toda la explicación –y su conceptuación- psicosocial delineada a lo largo de los últimos treinta años en torno a la etiología de las diferentes formas de violencia aún no ha sido del todo superada en términos científicos, ni da la impresión de que, a tenor de los conocimientos disponibles en la actualidad, lo sea en un futuro cercano. Y aquí viene otro detalle significativo: pese al sensacionalismo con los que suelen ser tratadas estas cuestiones, la realidad es que siendo España uno de los países de Europa Occidental que aporta menor cantidad de medios económicos a la rehabilitación y reinserción de sus reclusos, sin embargo, tiene una tasa de reincidencia delictiva que raramente sobrepasa el 30% para la cifra global de delitos. Y no solo, pues es otro hecho que la población carcelaria española se ha reducido en cerca de 20.000 internos a lo largo de los últimos 15 años, lo cual nos aporta –se venda lo que se venda en los discursos políticos menos informados y algunos medios de comunicación poco concienzudos- la imagen de un país con una baja tasa de criminalidad y, en general, bastante seguro[1]. Dada la incuestionable calidad de la mayoría de los profesionales que se implican en estas cuestiones y que, por sí misma, explica gran parte de este éxito, cabe preguntarse cuánto podría llegar a conseguirse con más y mejores recursos, y menos gente poniendo palos en las ruedas.

Debe tenerse en cuenta que, en general, las estadísticas son poco conocidas por la ciudadanía –o le son presentadas de formas poco claras-, que el conocimiento que el grueso de la población tiene sobre las leyes y su aplicación es por lo común bajo y que, habitualmente, todas las encuestas que se realizan tienen baja fiabilidad por cuanto arrojan el singular resultado de que el delito percibido –así como su magnitud- por la población es siempre mayor que el delito real objetivo. Este hecho viene propiciado por las curiosas políticas informativas que siguen determinados medios de comunicación y que ofrecen, por lo común, visiones extremadamente distorsionadas acerca de la violencia y la delincuencia, su cantidad, etiología y manifestaciones. Tampoco ayudan, por cierto, la escasa pedagogía que se realiza desde el Poder Judicial o desde las propias Autoridades, ni el hecho de que la formación de los jóvenes esté claramente descompensada en relación a las horas que se dedican a ciertas cosas, y el escaso tiempo que se concede a su formación como personas éticas, morales y jurídicas.

Dicho de otro modo: sabemos que enfrentamos una dificultad, pero muchos de sus aspectos siguen en la opacidad lo cual nos impide radiografiarla con exactitud a la par que la presión popular conduce inevitablemente a la impulsividad. Al fin y al cabo, debe tenerse en cuenta que los legisladores no sólo toman decisiones en función de los resultados de la investigación científica o de la realidad objetivada en los datos –que sería lo deseable-, sino, ante todo, teniendo en cuenta si las medidas que adoptan tienen “sentido” para la comunidad de referencia. En resumen: las políticas criminales y sociales que se aplican en un momento dado no sólo vienen definidas por la evidencia científica establecida, sino también y en gran medida por una opinión pública a menudo bastante mal informada, cuando no simplemente confundida.

De hecho, el súbito resquebrajamiento del modelo económico que se impuso en la mayor parte de Occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial –el célebre “estado del bienestar”- ha motivado una situación paradójica en la medida que, siendo las demandas psicosociales de igualdad, justicia y equidad las mismas de siempre, o tal vez mayores, sucede que el sistema no parece poder responder a ellas por una falta endémica de recursos. En realidad lo que ocurre es que el crecimiento económico no conduce necesariamente hacia el ideal de la equidad pero, paradójicamente, la equidad necesita de tal crecimiento pues la justicia social y sus demandas requieren de recursos siempre crecientes. Es decir, no existe retroalimentación entre ambos elementos: una mayor equidad incide en el surgimiento de nuevos valores y necesidades, pero éstos conllevan a su vez un coste que el propio sistema no siempre puede, quiere o sabe satisfacer. Una dificultad que, naturalmente, afecta con mayor dureza a los sectores más desfavorecidos, necesitados, y/o en situación de riesgo y exclusión social. Repásese ahora lo que ya se escribió en este mismo blog sobre la inexistente relación entre la felicidad y el PIB.

Al hilo de lo precedente, y en atención al interés creciente por la equidad y la justicia social en los países occidentales, el asunto de la prevención y tratamiento de las conductas antisociales, así como de sus consecuencias, ha pasado a lo largo de los últimos cuarenta años por dos estadios claramente diferenciados: desde el pesimismo de la década de 1970 al optimismo reservado de la década de 1990 –eso que hoy en día algún que otro malintencionado llama “buenismo”-. Obviamente, y planteado el problema en términos propiamente científicos, ello se debe a un cambio generalizado en el modelo de comprensión del mismo, que se ha trasladado desde el tradicional enfoque unicausal –el origen de la de la violencia y sus manifestaciones eran reducidos a un solo mecanismo básico-, a otro multicausal y por ello mismo multidisciplinar, influido por los nuevos avances científicos, en el que ya se comienza a hablar en términos de factores de riesgo predisponentes, o bien de factores de protección, ya sean estos de carácter ambiental o individual. Consecuentemente, desde las anticuadas teorías biologicistas que justificaban un tratamiento tutelar –sanitario- de las víctimas y de los infractores, y pasando por el ambientalismo radical propugnado por los expertos mediado el siglo XX, se ha llegado finalmente a una visión panorámica del problema cuyo resultado práctico es un modelo de justicia cuyos objetivos son, necesariamente, otros bien diferentes y en cuyo contexto adquiere sentido el lenguaje jurídico del presente: interés del infractor, interés de la víctima, sanción, responsabilización, reeducación, mediación, restauración.

Riesgo y protección

Un factor de riesgo es una condición que aumenta la probabilidad de acciones agresivas o delitos, pero que no necesariamente las produce. En general, puede entenderse a los diferentes factores de riesgo ya como atributos y/o características individuales, ya como condición situacional y/o contexto medioambiental. En ambos casos, la presencia de estos factores –y la medida en la que se presentan- incrementan el inicio o mantenimiento de las conductas delictivas. Es por ello que los factores de riesgo siempre aparecen como eventos previos al inicio de las conductas antisociales y victimales y, a posteriori, predicen la evolución y el resultado de las mismas tanto para la víctima como para el agresor.

Por el contrario, los llamados factores de protección son factores individuales o ambientales que inhiben, reducen o atenúan la probabilidad del ejercicio y mantenimiento de las conductas problemáticas. Tales factores aparecen al hilo de la singular paradoja de la resistencia –o “resiliencia”[2], por la cual se trata de comprender los motivos que impiden que una persona sometida a idénticas tensiones, o factores de riesgo, que otra se convierta en delincuente o en víctima entretanto la segunda sí lo haga. Multitud de estudios realizados hasta la fecha muestran claramente la existencia de influencias o elementos que suprimen o mitigan el efecto de los factores de riesgo sobre los individuos. Este hallazgo ha dado sentido en las últimas décadas a los enfoques en materia de prevención, por cuanto se ha comprendido que no basta con intervenir sobre los riesgos, sino que también se debiera trabajar de manera integral, fomentando la protección.

Así se explica, por ejemplo, la importancia creciente que la literatura otorga a elementos como la implicación familiar –o a la intervención en la familia si esta se muestra disfuncional- en el éxito tratamiento y resocialización de víctimas y verdugos. De tal modo, la concurrencia de factores de riesgo y de protección permite plantear un abordaje de la violencia en términos de probabilidad, pero nunca de determinación. En consecuencia, el hecho de que un individuo presente un factor de riesgo no implicara necesariamente que vaya a cometer delitos o a ser víctima de ellos sino, en todo caso, que puesto en comparación con aquellos individuos que no presenten tal factor, o que se encuentren bien protegidos ante él, tendrá mayor probabilidad que éstos últimos de introducirse en el circuito de la violencia. Por lo demás, resulta evidente que los factores de riesgo, para resultar predictivos, deben aparecer en forma de constelaciones y que la presencia de uno solo no nos permitirá predecir con rigor una futura conducta problemática.

Lo interesante es que, desde esta perspectiva, se abre el camino hacia una nueva consideración de la prevención y del tratamiento, tanto jurídico como psicosocial, de las conductas delincuenciales y violentas que ha terminado por inspirar toda una gama de abordajes novedosos para los problemas y que, de un modo u otro, ha generado líneas de pensamiento generalizadas y acuerdos internacionales que se han visto incorporados con mejor o peor fortuna a prácticamente todas las legislaciones occidentales. No obstante, la falta de estudios retrospectivos –o el mero silenciamiento de los resultados- ha motivado que persista el debate en torno a la efectividad real de estas legislaciones y de su aplicación, y se ha convertido en el lugar por el que se siguen sosteniendo, por un lado, el debate en torno a la eficacia y, por otra parte, la corriente de opinión pública contraria a estas políticas a las que se considera blandas para con el agresor, ineficaces para con la víctima y, en general, poco efectivas. En otras palabras: cuando se habla de prevención y rehabilitación se habla siempre de dinero, ética, moral o justicia, pero rara vez de los resultados obtenidos, y así no hay forma.

Si al problema precedente sumamos el generado por el derrumbe económico y la crisis de la zona euro, parece sencillo comprender en qué sentido estos elementos afectan a la evolución de las políticas de equidad en general, y a la prevención y tratamiento de la violencia en cualquiera de sus formas. Durante las últimas décadas la meta de los programas públicos ha sido la de garantizar una cobertura universal, pero en el presente, y a falta de recursos, el objetivo de la cantidad ha sido reemplazado por el de la calidad.

De tal modo, los programas de largo alcance y las intervenciones ambiciosas del pasado, que en buena medida justificaban las pretensiones de más optimistas de una ley integral como la diseñada contra la violencia de género o de la delineada para abordar la problemática de los menores infractores, se han visto reemplazadas por un modelo mucho más limitado que evalúa la validez de toda acción bajo la lógica del coste-beneficio y cuyo impacto futuro resulta todavía difícilmente predecible. Otra “buena razón” para reducir y limitar el trabajo de los equipos técnicos propiciándose con ello un lento retorno a la poco operativa tradición del tutelaje, el custodialismo, la sanción y el castigo…

O lo que es lo mismo: a construir la casa por el tejado en la medida que se abordan las consecuencias del problema, pero no sus causas.

prevencion #2
Fuente: Grupoesoc.es

[1] Todos estos datos son públicos y pueden contrastarse en suma facilidad en las estadísticas oficiales. Y aquí no caben “cocinas” ni “maquillajes”… El número total de reclusos o el de sujetos reincidentes son absolutos y no admiten enmienda.

[2] Adoptado al castellano del inglés resiliency, el concepto procede de la física y viene definido como la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación. Trasladado al ámbito psicológico se refiere a la mayor o menor capacidad del ser humano para asumir con facilidad situaciones límite, emocionalmente complejas, y sobreponerse a ellas.

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